Nueva York 12 enero.- Dominicanos residentes en esta ciudad, quienes pidieron reservas de sus identidades, manifestaron que se proponen enviar dinero extra a sus familiares en la República Dominicana para que compren armas de fuego y puedan defenderse de los haitianos indocumentados en el territorio nacional.Los criollos basan sus preocupaciones porque en los últimos meses han aumentado las agresiones contra los criollos y el país por parte de los indocumentados haitianos, irrespetando los símbolos nacionales, secuestrando, robando, atracando, asesinando militares y civiles, desafiando las autoridades y ocupando terrenos en Quisqueya.
Enumeraron el secuestro del consulado dominicano en Anse a Pitre con todo el personal diplomático y militar dominicano dentro, el pasado 2 de enero de este 2015, por parte de una turba de haitianos.
Señalaron que en junio de 2013, decenas de haitianos enfrentaron a tiros a policías ambientalistas, cuando fueron sorprendidos depredando bosques en Pedernales.
En diciembre 2013 quemaron la bandera dominicana e izaron la haitiana en el Distrito Municipal de Santa Lucía, en El Seibo; asimismo, en abril de 2014 en la comunidad de San Víctor, en Moca, volvieron a quemar la bandera dominicana.
En enero 2014 haitianos mataron a cuchilladas al sargento de la Fuerza Área Dominicana, Rauly Taveras Taveras, e hirieron al civil Rafael Vargas Reyes, durante un atraco en Dajabón.
En abril de 2014 varios haitianos robaron del muelle de Montecristi, frente al destacamento de la Marina, una embarcación de la Armada Dominicana, que para recuperarla fue necesario desplegar los servicios de inteligencia M2 de la Armada, Cesfront, J2 y S2 del Ejército Dominicano, quienes en coordinación con la Policía de Haití lograron recuperar la embarcación y detener los presuntos responsables.
En junio de 2014, los haitianos Nadeje Joseph y Enod Bouzi, que trabajaban en la tienda del dominicano Elis Osiris Cuevas Novas, le robaron 150 mil pesos y salvó su vida milagrosamente.
En septiembre 2014, una turba atacó a tiros, pedradas y botellazos una patrulla de la Policía Nacional, médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) e hirió a los periodistas Yaniris Sánchez y José Cruz, de Telenoticias canal 11, en el barrio 27 de febrero en la capital dominicana, cuando acudieron a levantar el cadáver de Cpedieu Jassonte, muerto por un sargento policial.
El haitiano fue muerto, según declararon vecinos donde ocurrió el hecho, cuando el sargento le pidió a un grupo de ellos que despejarán la vía que la tenían ocupada practicando juego de azar con dinero, negándose, y algunos de ellos enfrentaron el agente discutiendo acaloradamente y luego trataron de agredirlo físicamente.
En octubre 2014, el sargento del Ejército Nacional, Mónico Ogando, de puesto en la comunidad fronteriza de Guanito, en Elías Piña, fue muerto a balazo por un haitiano.
En noviembre 2014, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) reveló que con frecuencia haitianos y traficantes de indocumentados atacan a tiros a militares que los persiguen mientras lo transportan con destino a Santiago, Mao, Puerto Plata y otras localidades.
Ese mismo mes, la Federación de Ganaderos de la Región Noroeste-FEDEGANO- (Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Valverde) denunció que cuatreros haitianos tienen diezmada la ganadería de las distintas poblaciones de la Región Noroeste, por los constantes robos de reses.
En diciembre de 2014, en Dajabón, los conductores dominicanos de patanas Carlos Carrasco y Eduardo Meregildo, de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos (FENATRADO), fueron atacados a tiros por una turba de haitianos que los interceptó en la población Juana Méndez, cuando regresaban de llevar mercancías a Puerto Príncipe, Haití. La gobernadora de esa provincia, Ramona Rodríguez Quezada, manifestó que las agresiones contra patanistas y las oficinas del Consulado de la RD en Juana Méndez son premeditadas.
Puntualizaron los dominicanos en la urbe, que sienten "muchas preocupaciones" por sus familiares dejados en el país caribeño porque los haitianos están acabando en el territorio quisqueyano, pero trataran de que no acaben con sus familiares, y que les comprarán cuantas armas sean necesarias para que se defiendan.
Instruyen supervisor JCE en EEUU, PR y otros países iniciar aprestos instalar nuevas oficinas
Por Ramón Mercedes
Nueva York.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, impartió instrucciones a los funcionarios de ese organismo electoral en ultramar, para que inicien los aprestos de instalar nuevas oficinas de expedición de Cédula de Identidad y Electoral, según informó el supervisor general de esa entidad en Estados Unidos y Puerto Rico, doctor Miguel Melenciano.
El doctor Melenciano expresó que se propone, a partir de este lunes día 11, gestionar las ubicaciones de dichas oficinas en los Boroughs de El Bronx, Brooklyn, Queens y las ciudades de Long Island y Connecticut.
Asimismo, informó que a parte de la oficina de la JCE que funciona en Paterson, Nueva Jersey, se instalará otra en Perth Amboy, además habrá una unidad móvil que estará dando servicios en varios sectores del Estado Jardín.
En todas esas oficinas también se realizarán los empadronamientos para que los dominicanos residentes en esas ciudades puedan votar en el 2016.
El supervisor general para EEUU y Puerto Rico sostuvo que para Boston, el presidente de la JCE se comprometió adicional al ya existente en el Consulado Dominicano allí, otros centros para cedular en Providence, Lawrance y una unidad móvil para ofrecer los servicios en diversas áreas de la región de Nueva Inglaterra.
Además, en la ciudad de Halzentown se instalará otra oficina, para agregarse a la que existe en el Congreso Latino de Philadelphia.
Mientras que para Puerto Rico, además del existente en el Consulado Dominicano en San Juan, se adicionará una unidad móvil para visitar las diversas comunidades dominicanas residentes en esa isla, en tanto que para Florida, además del que funciona en Miami, se pondrá en funcionamiento otro en la ciudad de Orlando, así como una unidad móvil para facilitar la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a los dominicanos residentes en otras ciudades importantes del territorio norteamericano.
El funcionario electoral en esta urbe afirmó que el doctor Rosario Márquez también instruyó para que a los dominicanos residentes en Canadá se les instale a principio de febrero dos unidades móviles de la JCE, una en Montreal y otra en Toronto, para reforzar los servicios del organismo que se ofrecen desde la Embajada Dominicana en ese país.
"En los primeros días del próximo mes de febrero, todos esos centros de cedulación y las referidas unidades móviles estarán funcionando, como bien lo ha manifestado el presidente de la JCE, quien a la vez enfatizó que los operativos de empadronamientos y cedulación se realizarán con recursos correspondientes al mes de septiembre, del presupuesto correspondiente a este año, que serán adelantados para estas actividades preelectorales", informó Melenciano.
Criollos NYC rechazan Barrick Gold instale fábrica de explosivo en RD
Por Ramón Mercedes
Nueva York.- Durante los acostumbrados sondeos que realiza este reportero entre la comunidad dominicana establecida en esta ciudad, veintenas de criollos residentes en el Alto Manhattan, lugar de alta concentración criolla, rechazaron que la empresa minera canadiense Barrick Gold instale una fábrica de explosivo en el país.
Expresan que la Barrick también intenta tener su propia planta de almacenaje de materias primas en las instalaciones de la mina, ubicada en Pueblo Viejo Cotuí, y para ello necesita licencias oficiales y un permiso ambiental, de los cuales la empresa dice tener en cumplimiento de la Ley General 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde diciembre del 2013 y los permisos para uso e importación emitidos por el Estado, establecidos en los artículos 8 y 22 de la ley 262 sobre Sustancias Explosivas.
Los criollos en la urbe esperan que no le sea autorizado el permiso solicitado al Ministerio de Defensa para operar la planta, como bien recomiendan los técnicos militares, debido a razones de seguridad nacional, posicionamiento geográfico de la mina, relaciones con la comunidad y seguridad en el entorno, expresaron Darío Abreu, secretario general de la filial-NY del Colegio Dominicano de Periodistas CDP); la periodista Aracelis Carvajal; el productor de televisión Carlos de La Vega; los ciudadanos Pascual Torres C.; Miguel Antonio Cruz y Juan Crespo.
Asimismo, Leonardo de Jesús Amarante, José Carbucia, Altagracia y Miladys Hernández Coto; Ismael Valenzuela, Rodolfo Reyna, César Danilo Guzmán, Julio Altagracia Contreras, Jhonny Santiago Santos, María del Rosario, Jorge Morales Díaz y Juan Jiménez Figueroa, entre otros.
Entendidos en la materia han confirmado que "la construcción de una planta de explosivos fuera de la jurisdicción de la Intendencia del Material Bélico implicaría para las FFAA, desde el punto de vista del control absoluto, una brecha en el precepto de la seguridad nacional".
Enfatizaron que la construcción de la planta de explosivos entraría en contradicción con lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones de las FFAA.
El trabajo con explosivos es una actividad de alto riesgo y por su naturaleza", regulado por la ley 262 sobre sustancias explosivas, el manual de procedimientos para el manejo de armas, explosivos y químicos de las Fuerzas Armadas, el reglamento de seguridad y salud de la ley 522-06, la propia Constitución de la república y otras normas legales.
Además, la Constitución en su título XII, capítulo I, artículo 252 señala que "la defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, y a ellas corresponde la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley".
Recientemente, congresistas dominicanos también rechazaron la instalación de la fábrica, que dicho sea de paso la Barrick inició su construcción. Algunos de los legisladores condicionaron la iniciativa a estándares de calidad y a la supervisión de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros exhortaron al presidente Danilo Medina no permitirla.
Dominicanos esperan Senador haga algo elevadas rentas apartamentos y cierre negocios Alto Manhattan
Por Ramón Mercedes
Nueva York.- Dominicanos residentes en los vecindarios quisqueyanos de Washigton Heights e Inwood, correspondiente al Distrito Electoral 31 y por donde el senador criollo Adriano Espaillat fue reelecto por tercera vez, y juramentado el pasado día ocho, esperan que éste haga algo con el alza desmedida de las rentas de los apartamentos y el cierre de cientos de negocios en sus áreas.
Indican los quisqueyanos, que Espaillat se ha desconectado de la realidad comunal (deserción escolar, desempleo, desalojo masivo de inquilinos de sus apartamentos, cierre de negocios) y se mantiene indiferente ante esos problemas, solamente emitiendo opiniones por medio de la prensa o realizando actos públicos, pero sin someter proyectos, ni levantar su voz en el Congreso para defenderlos, que es ahí donde debe hacer su trabajo.
Dentro del Senado Estatal posee un sin números de designaciones, títulos y reconocimientos, pero ninguno han valido para enfrentar los landlord (propietarios de edificios) en sus abusivos accionar contra los pequeños comerciantes e inquilinos de los apartamentos.
Como presidente del Comité de Vivienda del Senado, miembro de los Comités de Conservación del Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Códigos, Seguros, y Judicial, y presidente la Conferencia Latina en el senado estatal de Nueva York, los dominicanos esperan que haga algo el próximo 15 de junio, cuando las leyes estatales de protección de alquileres vencen y tienen que ser renovadas por la legislatura estatal, porque nunca han demostrado interés real en enfrentar los dueños de edificios, expresaron.
Recientemente, salió a la luz pública un informe sobre Washington Heights e Inwood, titulado "Diagnóstico de una Comunidad en Crisis", donde enfoca los principales problemas que le vienen afectando desde hace algún tiempo, ante la indiferencia de los funcionarios electos.
Primero: Desempleo con un 17.1% (número uno en Manhattan).
Segundo: El 79.1% de las viviendas tienen severas violaciones de los códigos de vivienda.
Tercero: Miles de inquilinos enfrentan sin representación legal a los abogados agresivos de los caseros, corriendo el riesgo de perder sus viviendas.
Cuarto: El 65% de las solicitudes de desalojos por parte de los caseros en la corte de vivienda pertenecen al Alto Manhattan.
Quinto: Más del 33% de las familias pagan más del 50% de sus ingresos en alquileres de sus apartamentos.
Sexto: Más de 30 mil han sido desalojadas en los últimos 12 años.
Séptimo: La mayoría de las organizaciones comunitarias han cerrado, se han perdido mas de 400 puestos de trabajos y han cerrado más de 30 programas para jóvenes y la población en general.
Octavo: Cientos de negocios han cerrado y miles de empleos se han perdido.
Noveno: 55% de los pequeños negocios tienen el riesgo de cerrar sus puertas.
Decimo: Los propietarios de los pequeños negocios son extorsionados por los propietarios de los edificios, pidiéndole dinero por debajo de la mesa para renovar los contractos de alquiler, además discriminan y no quieren alquilarle a los hispanos.
Undécimo: Los centros de envejecientes no tienen los recursos para ofrecer una calidad de vida adecuada.
Duodécimo: Tampoco existen escuelas de arte, diseño, vocacionales, ni un ring de boxeo.
Entre los denunciantes figuran Andrés de los Santos Contreras, María Marmolejos, Altagracia de Rodríguez, los esposos Milciades y Sunilda Echavarría, Juan Carlos la Hoz, César Martínez, Aura Guzmán de Rivera, Carmen Ivón Sánchez, Mavel de Luciano, Radhamés Antonio Castro y Mildred Reyes de Lluberes, entre otros.
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