Las personas que debieron acogerse a la parte B de la ley 169-14 y no lo hicieron, ya no podrán recibir los derechos contemplados en esa ley.Santo Domingo RD 27 febrero.- En la intervención más aplaudida de su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina dijo que no habrá prórroga con el Plan de Regularización de Extranjeros y reiteró que estará vigente hasta junio de este año.
Medina dijo que se dieron dos plazos, cada uno de 90 días y que además, para llevar a cabo la regularización de extranjeros que viven de manera ilegal en el país, se está haciendo un gran esfuerzo de nación trabajando con países amigo como Estados Unidos, y Unión Europea, y organismo internacionales, se han abierto 24 oficinas en todo el territorio nacional y se ha realizado una gran campaña.
Pero advirtió que los que no Ley 169 -14 y no lo hicieron ya no podrán recibir los beneficios de esa ley. Invitó a todos los extranjeros a regularizarse antes de la fecha límite, que será dentro de 75 días, que corresponde al segundo plazo de 90 días establecido por el Congreso.
Expresó que su Gobierno ha decidido actuar con responsabilidad y poner en marcha el y documentación más ambicioso realizado y más de 150,000 personas han iniciado su proceso de regularización.
"Estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado en el que debe imperar el cumplimiento de la ley".
"Dicho esto, quiero dejar claro, también, que ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevea", expresó.
Política Migratoria
Dijo que más de 40,000 extranjeros se ha comprobado que sus papeles están en orden y cumplen con los requisitos. A coninuación Diariodominicano.com reproduce la parte del discurso del presidente Medina dedicada al tema migratorio:
Señoras y señores:
Estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social.
Un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado, riguroso y en el que debe imperar el cumplimiento de la ley.
Durante décadas el Estado dominicano arrastró serias deficiencias institucionales y legales en esta materia.
Por lo que los problemas se fueron acumulando, sin que ningún gobierno ordenara nuestro sistema migratorio de manera permanente.
Ya en 1966, el entonces Presidente Dr. Joaquín Balaguer señalaba la falta de una política inmigratoria inspirada en los intereses de la República.
Conscientes de esa necesidad, decidimos actuar con responsabilidad y poner en marcha el plan de regularización y documentación más ambicioso que se haya realizado, no solo en nuestro país sino, me atrevería a decir, en todo el continente.
Decidimos asumir el tema migratorio como un asunto esencial para el presente y futuro de la República Dominicana.
Como lo demuestran las medidas implementadas en 2014, que han contado con un amplio consenso nacional y con la colaboración activa de este Poder Legislativo:
En primer lugar, la puesta en vigencia del Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, contenido como mandato desde el año 2004 en la Ley General de Migración, pero no oficializado hasta noviembre de 2013.
Al día de hoy, más de 150,000 personas han iniciado su proceso de regularización, de los cuales más de 40,000 se ha comprobado que sus papeles están en orden y cumplen con todos los requisitos.
Y pronto serán dotados con el tipo de documento que les corresponda.
En segundo lugar, la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civíl dominicano y sobre naturalización.
Esta iniciativa, concebida tras un minucioso proceso de consulta con todos los sectores sociales del país, recibió el apoyo unánime del Congreso Nacional y tiene dos objetivos claros:
Primero, resolver la situación de aquellos descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular, que contaban con documentos expedidos por las autoridades de nuestro país, que los acreditaban como dominicanos.
Esta ley convalida esa documentación, siempre y cuando los beneficiarios no tuvieran participación directa en la irregularidad documental.
El segundo objetivo de esta ley es brindar un espacio a aquellas personas, nacidas en territorio dominicano, con ambos padres extranjeros y que nunca fueron inscritos en las Oficialías del Estado Civíl.
A estos se les dio un plazo para inscribirse como extranjeros para, posteriormente, pasar al plan de regularización y, si lo desean, en un plazo de dos años, optar al proceso de naturalización ya establecido.
Ese plazo que inicialmente se estableció por 90 días, fue prorrogado por 90 días más y venció el 2 de febrero recién pasado.
En este proceso se inscribieron 8,755 personas.
Junto a estas iniciativas legislativas, como recordarán, establecimos mecanismos de trabajo conjunto con Haití, para que sus ciudadanos residentes en nuestro país pudieran regularizar su situación documental.
Con este mismo objetivo, el pasado Septiembre acudimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.
Y desde esa tribuna global hicimos un llamado a la comunidad internacional, a fin de que pasaran de las palabras a los hechos y no se olvidaran de nuestro país vecino.
De que le extendieran una mano solidaria, para que, entre otros aspectos, el gobierno de Haití esté en condición de dotar a sus nacionales de la documentación.
En definitiva, nadie puede poner en duda que el conjunto de medidas impulsadas por este Gobierno supone una de las mayores iniciativas en materia de reconocimiento de derechos realizada en las últimas décadas y es, además, una oportunidad única de modernizar nuestros registros, mejorar el control fronterizo y reforzar, mediante la legalidad, la seguridad en nuestro territorio.
Estamos haciendo un gran esfuerzo de nación, trabajando conjuntamente con países amigos, como Estados Unidos o la Unión Europea, además de diferentes instituciones como Naciones Unidas, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para localizar a todos los posibles beneficiarios de este plan y orientarlos.
Se han abierto 24 oficinas en todo el territorio nacional y se ha realizado una campaña de comunicación por diferentes medios, durante meses.
De la misma forma, hemos trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civíl especializadas en temas migratorios, para garantizar el éxito del proceso y dar seguridad y confianza a todos los participantes.
Todas estas acciones muestran, de forma incontrovertible, la firme voluntad del Estado Dominicano de llevar a cabo con éxito este plan de regularización.
Las personas que debieron acogerse a la parte B de la ley 169-14 y no lo hicieron, ya no podrán recibir los derechos contemplados en esa ley.
Pero como saben el plazo de vigencia del plan de regularización para las personas que residen en el país de manera irregular, que se otorgó por 18 meses, estará vigente hasta el 16 de junio de este año.
Todavía quedan cuatro meses en lo que nos gustaría animar a todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa a darnos su apoyo.
De la misma forma, a todas aquellas personas que se encuentren irregularmente en nuestro país y que llegaron antes de 2011 les digo: acérquense a las oficinas e inicien su proceso.
Esta es su oportunidad de legalizar su estatus y vivir con tranquilidad.
Señoras y señores:
Dicho todo esto, quiero dejar claro también que ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean.
Y nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar, estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco más absoluto del respeto a la dignidad de las personas.
